La clave para garantizar que el trabajo decente se convierta en la norma y que millones de familias trabajadoras escapen de la pobreza y la explotación es permitir que las trabajadoras y los trabajadores influyan en las decisiones que determinan sus vidas. Las personas deben poder organizarse (libertad de asociación) a través de los sindicatos para negociar un salario digno y defender unas condiciones laborales dignas, en igualdad de condiciones que su empleador (negociación colectiva).

Sobre este aspecto existen dos importantes normas internacionales jurídicamente vinculantes: los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lamentablemente, muchos países y empresas no respetan estas normas, y esto genera desigualdad, además de suponer un sufrimiento innecesario para las trabajadoras y los trabajadores.

Allí donde el trabajo decente es la norma, las trabajadoras y trabajadores son tratados con dignidad. Sin embargo, millones de ellas y ellos son víctimas de excesivos abusos e injusticias por culpa de la codicia de las empresas. Las multinacionales siguen acumulando una enorme riqueza apoyándose en un modelo económico que alienta una producción cada vez mayor a un coste cada vez más bajo, mediante la explotación de las trabajadoras y trabajadores.

Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar, tanto de las personas que fabrican los productos como de aquellas que los consumen. Las empresas tienen la responsabilidad de saber lo que ocurre a lo largo de sus cadenas de suministro (diligencia debida), y los gobiernos deben asegurarse de que las empresas cumplen las normas. Los sindicatos tienen una función primordial a la hora de pedir cuentas a ambas partes.

Todos hemos tenido momentos en los que hemos necesitado un apoyo adicional. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene acceso a una protección social adecuada. El trabajo decente no solo tiene que ver con nuestra vida laboral. Cuando nos jubilamos, esperamos recibir una pensión para disfrutar de nuestra vejez. Si tenemos hijos, queremos poder seguir trabajando con la seguridad de que nuestros seres queridos estarán bien atendidos. Además, si sufrimos un accidente o una enfermedad tenemos que seguir pagando las facturas, y también queremos recibir una buena asistencia sanitaria con independencia del dinero que tengamos.

El mundo sencillamente no puede seguir funcionando como hasta ahora. La obsesión letal de las multinacionales por el crecimiento económico imparable impulsado por un consumo ilimitado está llevando a la humanidad hacia un terrible callejón sin salida. Es el momento de un nuevo paradigma que nos permita disfrutar de un futuro sostenible donde el trabajo decente sea el elemento esencial. Dado que un gran número de empleos tendrán que evolucionar o ser sustituidos por otros nuevos, será necesario que los empleados cuenten con las capacidades y el apoyo necesarios en este nuevo mundo del trabajo.

Para los millones de personas de todo el mundo que trabajan en la economía informal, el trabajo decente equivale a la esperanza de un futuro mejor. A pesar de su lucha diaria para llegar a fin de mes, demasiadas personas en la economía informal carecen de ingresos estables, tienen jornadas laborales no reguladas, no tienen derecho a pensión, seguridad social ni cobertura sanitaria, ni tampoco saben cómo salir de esa situación. Aun así, producen riqueza a partir de la pobreza y son el motor de la economía real en muchos lugares del mundo.

En un orden mundial insostenible donde escasea el trabajo decente, tener un empleo no siempre equivale a poder llevar una vida digna. Es más, el número de trabajadoras y trabajadores que no pueden llegar a fin de mes a pesar de tener uno o varios empleos va en aumento.
Un salario mínimo de subsistencia ofrece a millones de personas trabajadoras y a sus familias la oportunidad de salir de la pobreza. Debemos recuperar el control sobre nuestras vidas y prosperar en nuestros trabajos y comunidades. Unos sindicatos fuertes y una legislación favorable son fundamentales para lograr ese objetivo.

Tradicionalmente, el diálogo entre gobiernos, empresas y sindicatos ha girado en torno a los salarios y las condiciones laborales. Habida cuenta de los efectos del cambio climático y la tecnología, este diálogo comienza a incluir debates estratégicos sobre las medidas necesarias para garantizar que nadie quede excluido en la transición de la sociedad hacia un futuro sostenible. Como defensores del trabajo decente, los sindicatos son la primera y última línea de defensa en la protección de los derechos y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores.

Los pilares básicos de un mundo sostenible, como el trabajo decente, deben ser perdurables. Por ello, proponemos la creación de un nuevo contrato social. Este nuevo marco definiría claramente las responsabilidades y derechos de todos los principales agentes sociales, como gobiernos, empresas y trabajadoras y trabajadores. Incluyendo los derechos laborales fundamentales contemplados en la Garantía Laboral Universal: afiliación sindical; participación en las negociaciones con las empresas (negociación colectiva); garantizar salarios vitales; luchar contra la discriminación y la explotación; disponer de lugares de trabajo saludables y seguros, y tener un control razonable sobre la jornada laboral.